Crear Noticia

(Columnia) El alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona, (al centro) en representación de otros jerarcas de Gobiernos locales, aseguró este lunes que el Poder Ejecutivo desobedece, "de forma prepotente", una decisión judicial de suspender la restricción vehicular sanitaria. El ministro de Comunicación, Agustín Castro, sostiene que la medida está vigente. 

Barahona acudió al Tribunal Contencioso Administrativo junto con los alcaldes de Carrillo, Liberia, Nandayure, Santa Cruz y Santa Ana. A ellos los representan los abogados José Pablo Badilla Villanueva y José Pablo Badilla Quirós. 

El pasado 3 de noviembre el juez Alcevith Godínez Prado dictó una medida cautelar que suspendió dos decretos de agosto y con ello, la restricción vehicular sanitaria. 

El Gobierno asegura que, por ser decretos que fueron sustituidos por otros, el fallo del juez no suspende la restricción. Alega además que la Procuraduría General de la República apeló la resolución y por ende no está en firme. 

Por el contrario, Barahona y los abogados sostienen que ese fallo suspende por completo la restricción vehicular y que así lo explicó el juez cuando se le solicitó una aclaración. 

Ante este escenario, los alcaldes presentarán una nueva demanda al asegurar que el Poder Ejecutivo está desobedeciendo una disposición de un Tribunal de la República. 

Por la tarde, el ministro de Comunicación, Agustín Castro, insistió en que los decretos actuales de la restricción vehicular están vigentes y que los conductores se exponen a multas si la incumplen. 

Castro dijo que la medida se justifica pues ha sido efectiva para disminuir el contagio y evitar la saturación de servicios hospitalarias. 

"La acción de la restricción es diminuir la velocidad de contagio, de tal manera que la capacidad hospitalaria del país no se sobrepase", dijo. 

El jerarca de Comunicación dijo que la orden del juez era específica para dos decretos "viejos que no están en aplicación". Añadió que los decretos que se usan actualmente siguen vigentes. 

Los abogados Badilla consideran que Castro está promoviendo la desobediencia a la orden judicial. Señalan que los conductores pueden impugnar las sanciones que se les hagan e incluso denunciar a oficiales de Tránsito por abuso de autoridad. 

A su criterio, en este momento, por el fallo del juez Godínez, no hay restricción vehicular sanitaria. 

Por su parte, Barahona dijo que la medida, aunque se ha recortado algunas horas, sigue perjudicando seriamente al comercio y la libertad de movilización de los ciudadanos. 

Ver noticia completa (Fuente original columbia.co.cr )